Segundo asunto, del que escribiré después: La guerra de Ucrania. Desarrollos y perspectivas.

 Antes de tratar el asunto de Ucrania, un par de cosillas respecto al lowfare, aprovechando el caso Zapatero y lo que comenté ayer. El concepto, en crudo, de lawfare es la utilización de los juzgados, del poder judicial y de sus representantes, jueces y, de facto, fiscales y policías para incidir en la aplicación de las leyes al servicio de una causa política. Asumido esto, y sintiendo tener que ser tan amplio, y quizá ampuloso, debo decir que, bajo el capitalismo y la democracia burguesa -un sistema político cuyo principal fin es propiciar la acumulación de capital-, el lowfare es inmanente, una herramienta más para el buen funcionamiento de la estructura; y, yendo más lejos, la misma división de poderes, un principio irreprochable, se pone al servicio del objetivo esencial. Como es sabido, la justicia no actúa igual con el pobre que con el rico.

Sin embargo, lo anterior, aun cierto, es demasiado general, si todo es lawfare, no hay lawfare. Por ello, conviene especificar el concepto general. Así, lo que llamamos, o lo que, en rigor, debería llamarse en las sociedades contemporáneas lawfaren, es, además por supuesto de cualquier sanción por motivos políticos -todo preso político es víctima de lawfare-, es aquel en que se retuerce la legalidad para acusar o sancionar a una persona predeterminada con el objeto, no con el efecto a veces inevitable, de favorecer a un bando o partido político. La línea es estrecha, pero, en general, trazable y aplicable a cada caso concreto.

Por ejemplo, es obvio que la chalada persecución del juez Peinado a Begoña Gómez sólo pretende utilizar unas leyes para, interpretándolas obscenamente, dañar a Pedro Sánchez y socavar su gobierno en beneficio del PP. Eso es lawfare de libro. Pero, ¿qué pasa con Zp?, o en los casos de Ábalos, o, en plan equidistán, Rato. Políticos importantes que han vulnerado la legalidad existente, empleando su poder. Lo primero es elucidar el delito del que son acusados. Un asesinato, por ejemplo, no es lawfare a no ser que se trate de un montaje judicial descarado, por muy relevante que sea la personalidad del reo. No ocurre lo mismo con el supradelito de corrupción que incluye malversaciones, prevaricaciones, fugas o blanqueos de dinero, tráficos de influencias, etc. Estamos hablando de una práctica funcional a la reproducción y renovación de élites político-económicas en cualquier sociedad capitalista que se precie (y, en eso, España se precia mucho). Que esa práctica sea delictiva o no, es decir, que se cometan, según la estipulación normativa, algunos de esos delitos citados depende de la legislación en cada país y su interpretación por los jueces. Cualquier lobby o actividad lobista debería de ser prohibida en una sociedad decente, no lo es. Puede ser, en cambio, regulada con mayor o menor rigor. Creo que aquí es aceptable un pragmatismo malminorista: cuanto más se regule y con mayor capacidad disuasoria penal, mejor. Preferible, en este supuesto, un parche a nada.

Resumiendo, con una concepción un poco amplia de lowfare -sin llegar, en la práctica, a la conclusión teórica de que el lowfare es consustancial al capitalismo- en el affaire ZP existe algo de ello, porque, aceptando la honestidad del juez, para qué éste iniciase procedimiento judicial tuvo que tener conocimiento de los hechos, ya bastante cocinados, de fiscalía anticorrupción y, por supuesto, el celo de la UDEF. La investigación, a instancias exteriores se podría haber arrinconado como pasa con otras muchas. Y todos, absolutamente todos, aquí incluyo al juez Calama, son plenamente conscientes de las repercusiones negativas para el PSOE y Sánchez de la imputación, incluso aunque acabase en un futuro incierto exculpando a ZP. Es decir, hay elementos de lawfare. No obstante, considero que, por mínima higiene moral, el poder judicial debe esclarecer el asunto según Derecho. No me vale ese vergonzoso ‘y tú más’. Si se prueban lo hechos en un proceso justo, y, dadas las circunstancias, parece que va a ser así por partida doble, que el proceso penal va a ser justo y que va a a condenar a ZP por algunos de los ilícito en cuestión, bien hecho estará. En el escaso terreno que nos deja la precaria situación política que habitamos, no hay lawfare (aunque lo haya).

PS. En orden a un proceso justo, soy partidario de extender hasta donde sea posible la intervención de un jurado público, con un escabinato razonable, que no diluya ni manipule la 'voluntad popular', en las vistas penales.