Falsedad número 3

FALSEDAD Nº 3: LOS MERCADOS SON BUENOS JUECES DE LA SOLVENCIA DE LOS ESTADOS

Según los defensores de la eficacia de los mercados financieros, los operadores del mercado tienen en cuenta la situación objetiva de las finanzas públicas para evaluar el riesgo de suscribir deuda pública de un Estado. Tomemos el caso de la deuda griega: los operadores financieros y los responsables se han dejado llevar por las evaluaciones financieras para juzgar la situación. Así, cuando la tasa exigida de Grecia ha alcanzado el 10%, han deducido que el riesgo de default estaba próximo: si los inversores exigían tal prima de riesgo es que el peligro era extremo.

Esto es un profundo error si se comprende la verdadera naturaleza de la evaluación realizada por el mercado financiero. Esta no es tan eficiente, produce frecuentemente precios sin fundamento alguno. En estas condiciones no es razonable remitirse únicamente a las evaluaciones financieras para juzgar una situación. Evaluar el valor de un titulo financiero no es una operación comparable a medir algo objetivo, como por ejemplo el peso de un objeto. Un titulo financiero es un derecho sobre rentas futuras: para evaluarlo es necesario prever como será ese futuro. Es una cuestión de opinión, no de medida objetiva, porque en el instante t el porvenir no está predeterminado. En las salles de marché, no es lo que los operadores imaginan que será. Un precio financiero descansa en un juicio, en una creencia, un parecer sobre el porvenir: nadie puede asegurar que la opinión de los mercados tenga alguna superioridad sobre otros pareceres.

Sobre todo la evaluación financiera no es neutra: afecta al objeto evaluado, compromete y construye el futuro que imagina. Así, las agencias de calificación financieras contribuyen en gran medida a determinar las tasas de interés de los mercados de obligaciones atribuyendo calificaciones contaminadas de una gran subjetividad, incluso de voluntad de alimentar la inestabilidad, fuente de beneficios especulativos.

Cuando degradan la calificación de un Estado, aumentan el tipo de interés exigido por los actores financieros para comprar títulos de deuda pública de ese Estado y aumentan, por tanto, el riesgo de quiebra que habían anunciado.

Para disminuir la influencia de la psicología de los mercados sobre la financiación de los Estados, proponemos a debate las siguientes medidas:

Medida 8ª: Las agencias de calificación financiera no deben ser autorizadas a presionar arbitrariamente sobre las tasas de interés de los mercados de obligaciones degradando la calificación de un Estado: Se debería reglamentar su actividad exigiendo que su nota resulte de un cálculo económico transparente.

Medida 8ª bis: Liberar a los Estados de la amenaza de los mercados financieros garantizando la recompra de títulos públicos por el BCE.

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En este punto discrepo en parte de las afirmaciones del manifiesto. En general, los ataques especulativos contra una empresa, un gobierno o una economía regional no son totalmente arbitrarios ni caprichosos, tiene una base real, aunque, desde luego, no justificadora casi nunca de tales ataques. El capital especulativo detecta situaciones reales de debilidad o vulnerabilidad de esas entidades o de sus mercados que presagian un futuro problemático; entonces se lanza contra ellas, siempre con el objetivo de obtener ganancias a corto. Ocurre, entonces, que el presagio se convierte en una profecía autocumplida: si, en efecto, el futuro de la entidad hubiera sido malo, el ataque lo hace mucho peor; e, incluso, aunque hubiera tenido una buena evolución ( la detección de los problemas era errónea ) o hubiera podido superar sus dificultades, el ataque le prefigura un futuro inexorablemente negro.

En la práctica especulativa financiera las ganancias son tanto mayores cuanto más precozmente se toman las decisiones. Por contra, esa precocidad conlleva mayor riesgo, dado que los elementos de juicio en el momento de la actuación son borrosos, indiciarios en el mejor de los casos. De ahí el factor de azar, de casino, de la especulación financiera: sólo hay grandes ganancias cuando se asumen grandes riesgos. En teoría, o no para todos; el capital financiero juega siempre tan sucio como le sea posible. Conoce perfectamente por experiencia, la capacidad de hacer reales sus pronósticos. Sabe que un ataque financiero puede poner en serias, cuando no dramáticas, dificultades a cualquier ente económico. Basta para ello con que en el ataque se emplee suficiente munición, que, en este caso, es o bien dinero o bien capacidad para hacer creer a los demás lo que uno desea (esto también se consigue con dinero, con control de media formales o informales). Así, un agente financiero con suficiente capital puede vender millones de títulos de deuda de una entidad disminuyendo su valor y obligando a dicha entidad a pagar intereses mucho mayores para poder seguir financiándose en el mercado de capitales. Es el caso de Soros cuando forzó la devaluación de la libra en 1992 (embolsándose, paru passi, unos mil millones de dólares). También puede difundir rumores de quiebras o suspensión de pagos inminentes que empujen a otros agentes a vender masivamente, para luego ofrecerse como prestamistas, a unos tipos de interés artificialmente altos, de la entidad 'devaluada'; espectáculo éste que hemos podido contemplar a lo largo de este año con las 'amenazas de quiebra' de Grecia e Irlanda (y las que vendrán después).

Pero en ambos ejemplos de ataque especulativo había detrás hechos ciertos: la libra estaba excesivamente (más que de costumbre) sobrevaluada en 1992 y los PIGS (Portugal, Grecia, Irlanda y eSpaña) , además de muy endeudados, presentan unos desequilibrios macroeconómicos que no se dan en otros países con un volumen de deuda y deficit relativos al PIB similares; a lo que hay que añadir la endeblez estructural de pertenecer a la eurozona . El problema, según mi opinión no es tanto que “los mercados [no] son buenos jueces de la solvencia de los Estados” - sostenido por el Manifiesto – como que los mercados (financieros) se convierten en jueces, y ejecutores, de los Estados, y que les imponen unas penas muy superiores a sus faltas para mayor beneficio de el juez y parte.

La medida de reglamentar la actividad de las agencias de calificación me parece extremadamente timorata, amén de ingenua. Lo que hay que hacer con estas agencias es suprimirlas y sustituirlas por una institución internacional que investigue, con total independencia de gobiernos o lobbies económicos y financieros y adecuados controles legales de sus actuaciones, las cuentas de Estados y empresas, estableciendo calificaciones basadas en criterios objetivos y homogéneos.