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La ofensiva del PSOE contra un lawfare que ya se hace insoportablees, limitando la acción popular es tan oportunista y antiestética -la asociación con el caso García Ortiz y el caso Begoña Gómez canta demasiado- como inútil: los jueces la convertirían en agua de borrajas.

 (Casi) nadie dice que la causa de fondo es esa curiosa separación de la Fiscalía del resto del Poder Judicial, magistrados y jueces, que perpetra nuestra Santa Constitución del 78 en su título VI. En concreto, la alusión explícita a la ‘dependencia jerárquica’, siendo la cúspide el fiscal general del reino nombrado por el gobierno. Si se estableciera una equiparación a todos los niveles, excepto el funcional, entre jueces y fiscales, gozando ambos de independencia jerárquica y ambos fueran elegidos en votación popular, podría suprimirse tranquilamente la acusación popular. Bastaría, aparte, claro, de la acusación particular, con la denuncia de un fiscal estrechamente vinculado con las personas de su área. 

De seguir todo como hasta ahora, creo que debe mantenerse la figura de la acusación popular. En todo caso, se podría aumentar las costas, o multar, a aquellas acusaciones populares, tipo Manos Llimpias. que se dedican a acusar, basándose en el artículo 125 de la Constitución, continuamente y por motivos ideológicos y cuyas denuncias son en su inmensa mayoría desestimadas por el juez de instrucción.